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lunes, 25 de febrero de 2008

¿Qué es la Iniciativa Mérida?

Autor: John Bailey (Director del Proyecto México en la Universidad de Georgetown)
Fuente: El Universal
25 de febrero de 2008


Los poderes ejecutivos de Estados Unidos y México han anunciado algo llamado Iniciativa Mérida. Las legislaturas de ambos países se han quejado de haber sido marginadas de la discusión, y algunos periodistas y políticos se han apresurado a calificarla como una réplica del Plan Colombia para criticarla y rechazarla. ¿Qué es la Iniciativa Mérida? ¿Cuáles son los temores y esperanzas que los distintos grupos tienen respecto de ésta?

En mi opinión, la iniciativa es potencialmente un avance significativo en materia de cooperación regional para promover la seguridad pública. Observando el lado estadounidense del asunto, la iniciativa es un complicado trabajo en progreso, el cual probablemente será alterado cuando pase por el Congreso estadounidense. Su futuro no está de ninguna forma asegurado, aunque tengo confianza en que con el tiempo se aprobará algo útil.

¿De dónde salió la iniciativa? La historia de esto es que el presidente George Bush escuchó un mensaje claro durante su visita a Guatemala y México en marzo de 2007: el problema de la seguridad pública ha alcanzado proporciones de crisis en esos países; es un problema regional compartido que requiere de respuestas conjuntas basadas en la cooperación.

Bush entendió el mensaje y decidió que el gobierno de Estados Unidos respondería a las propuestas de México y los países de Centroamérica. Esto es porque si Estados Unidos tomara la iniciativa desataría una oposición nacionalista en México. Un año podría parecer mucho tiempo entre la decisión estratégica y el surgimiento de propuestas concretas, pero en realidad es el equivalente burocrático a la velocidad de la luz.

El gobierno mexicano, en el primer año de la presidencia de Calderón, necesitaba resolver el asunto político y burocrático de qué dependencias necesitaban productos o servicios; luego el gobierno de Estados Unidos, entrando al último año de la administración Bush, tenía que determinar cuáles agencias y programas podían proporcionarlos. Mi impresión es que ambas ramas ejecutivas decidieron no consultar a sus legislaturas a fin de evitar filtraciones y la politización de las negociaciones.

¿Qué es la Iniciativa Mérida? Nuevamente desde la óptica estadounidense, creo que es dos cosas. Primero, como puede verse en el reporte del senador Richard Lugar del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, la iniciativa es una larga lista de tecnologías, productos y servicios específicos para entregar a múltiples agencias en México y Centroamérica. En su forma actual, la lista representa cientos de millones de dólares, aunque el Congreso aún debe decidir el monto real. Segundo, es un importante gesto de la administración Bush para apoyar la enorme inversión de capital político hecha por el presidente Calderón en su campaña contra el crimen organizado.

Hasta el momento, lo dicho en el Congreso y los medios ha sido en apoyo a la iniciativa. Tiene sentido cooperar para enfrentar problemas compartidos. El respaldo, empero, es a la idea en principio. En el camino de la propuesta al Congreso percibo varios problemas potenciales.

La administración reconoce que el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México requiere de atención prioritaria. La realidad, sin embargo, es que no hay suficientes agentes estadounidenses en la frontera para monitorear efectivamente la venta de armas. Pero ése es un aspecto menor. El problema potencialmente grande es si la Asociación Nacional del Rifle, un verdadero gorila de 400 kilos, considera los esfuerzos para bloquear la venta de armas como un ataque a las garantías constitucionales y cabildea en contra de la iniciativa.

A su vez, organizaciones de derechos humanos han externado su preocupación por la participación del ejército mexicano en las campañas contra el crimen. También reconocen, empero, la gravedad de la violencia criminal. Para ellas, el dilema es como promover la protección de los derechos humanos en formas tales que no aniquilen la iniciativa. Si el Congreso incluye un condicionamiento firme en materia de derechos humanos, la iniciativa probablemente fracasará. Si el Congreso no dice nada, los grupos de derechos humanos podrían ser considerados serviles y poco efectivos.

Un problema relacionado es la supervisión del Congreso estadounidense al uso que se dé a los productos y servicios en los programas contra el crimen de México. El Congreso tiene que justificar ante los contribuyentes estadounidenses cómo se gasta su dinero. Pero el gobierno mexicano rechazará una supervisión que se entrometa en sus asuntos.

También se conecta con esta situación el problema de cómo medir el progreso. Hasta ahora, la iniciativa ha sido “vendida” en Estados Unidos principalmente como una medida contra el tráfico de drogas. Esto tiene sentido porque el Congreso puede respaldar un programa conjunto para reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Pero, como la experiencia en Colombia lo ha mostrado, nadie espera seriamente que la iniciativa contra el crimen organizado disminuya sustancialmente el flujo de narcóticos a largo plazo. Así que se necesitan otro tipo de medidas para demostrar resultados positivos.

El gobierno de Estados Unidos reconoce también que una reducción de la demanda de drogas es crucial para una solución de largo plazo. Las dos cuestiones aquí son que no se sabe lo suficiente sobre cómo reducir la demanda de drogas, y el presupuesto federal registra ya un considerable déficit. La administración no quiere prometer fondos adicionales para financiar programas que quizá no funcionen. Los mexicanos podrán justificadamente criticar esta falta de compromiso.

El apoyo material de Estados Unidos a la Iniciativa Mérida representa una fracción relativamente pequeña de los recursos que la administración Calderón ya está invirtiendo. Su verdadera importancia es demostrar la voluntad política de apoyar al presidente Calderón. Mi esperanza es que los políticos de ambos países encuentren formas para hacer que la iniciativa tenga éxito. Si los problemas del lado estadounidense se vuelven demasiado intrincados, la administración Calderón podría optar por retirarse de la iniciativa. Creo que eso sería un grave retroceso para ambos países.

jueves, 21 de febrero de 2008

Index of Economic Freedom, 2008

En este espacio encontrarán un resumen en PDF del estudio "Index of Economic Freedom" en su versión 2008; estudio elaborado por la Heritage Foundation y el Wall Street Journal, respecto a la libertad económica alrededor del mundo. El estudio busca medir la relación entre oportunidades económicas y prosperidad, así como analizar e investigar las políticas económicas de 153 países alrededor del mundo. Algunas de las libertades que el estudio mide son:
  • Libertad de hacer negocios
  • Libertad de Intercambio de Bienes y Servicios
  • Libertad Fiscal
  • Tamaño de Gobierno

-En el caso de México, nuestro país se posiciona en el lugar 44 a nivel mundial, con un puntaje de 66.4 (practicamente igual que en el 2007).

-Chile es el país mejor rankeado de Latinoamérica en el lugar no. 8 (79.8), ligeramente por debajo de Canadá y por encima de Suiza.

-Los 5 países con mayor libertad económica a nivel mundial son: Hong Kong (90.3), Singapure (87.4), Irlanda (82.4), Australia (82.0), y EEUU (80.6).

-En el sótano de la tabla, se encuentran Corea de Norte (3.0) y Cuba (27.5).

***Para conocer más acerca del estudio y consultar los resultados en archivo PDF, dar click aquí***

miércoles, 20 de febrero de 2008

The War on Drugs Starts Here

Editorial
New York Times
13 de Febrero de 2008

If we have learned one thing in the protracted war on drugs, it is that reining in illicit drug trafficking will require more than fighting cartels south of the border. Nothing can be achieved unless this country curbs its own demand for illegal narcotics.

The Bush administration, which offers regular lectures on the superior logic of the free market, clearly doesn’t get this equation of supply and demand. Last October, Washington announced a new $1.4 billion assistance package for Mexico and Central America to combat the drug trade. Then the White House unveiled its 2009 budget, which calls for a 1.5 percent cut in spending on domestic drug prevention and treatment programs.

The statistics on drug abuse for this country are at best mixed. The share of teenagers who said they had tried illicit drugs within a year has fallen sharply since 2000, according to surveys by researchers at the University of Michigan. The percentage of students in 8th, 10th or 12th grades who tried methamphetamine declined by more than half over the same period, while cocaine abuse declined by almost a quarter among 8th graders and 10th graders.

Still, teenage abuse of other narcotics, like prescription drugs, is growing. So is drug abuse among adults. The latest National Drug Threat Assessment reports that many more Americans over 18 are trying everything from heroin to marijuana to methamphetamine.

Yet the White House’s budget proposal for 2009 cuts the funding for the prevention and treatment of drug abuse to $4.9 billion. The budget for prevention programs — like the drug-free schools grants — was cut by 14.2 percent to just above $1.5 billion. After accounting for inflation, spending on prevention has fallen every year since 2002.

Mexico and Central America certainly need help to better fight the drug gangs moving narcotics into the United States. But it is clearly not enough. Washington has funded coca eradication efforts in the Andes for years. It has given the Colombian government more than $5 billion since 2000. Thousands of police have died in Latin America fighting the traffickers. Yet all the blood, tears and cash have had virtually no impact on the amount of drugs in the United States.

The federal government needs to do more to slow the flow of money and guns that finance and arm the cartels in Mexico and Central America. There is little hope of ever defeating the traffickers abroad if the government isn’t doing enough to reduce demand at home.

México dice adiós a su tradición de asilo y deviene en tierra de rechazo

Autor: Fabiola Martínez
Fuente: La Jornada
18 de Febrero de 2008

México, que por décadas fue reconocido por su tradición de asilo, en los últimos años ha consolidado una tendencia de bajo nivel de aceptación de quienes afirman ser víctimas de violencia en sus lugares de origen.

Si bien ya no existen solicitudes colectivas que buscan el amparo en este país (como ocurrió, por ejemplo, con ciudadanos sudamericanos o centroamericanos en las décadas de los setenta y ochenta), actualmente el gobierno mexicano sólo aprueba 20 de cada cien peticiones individuales de este tipo.

Nivel bajo si se consideran las tasas de casi 50 por ciento de anuencia que mantienen países de la región.

De acuerdo con datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), sustentados con las estadísticas de cada país, Costa Rica aceptó 55.5 por ciento de las solicitudes, Venezuela casi 45 por ciento, Ecuador 47 por ciento y Estados Unidos 50 por ciento.

Al reducido nivel de México (reconocimiento de 20.9 por ciento de las peticiones) se agrega que, pese a los compromisos internacionales asumidos en favor de los refugiados, el país aún no cuenta con una normatividad específica en la materia.

Las deliberaciones se realizan con base en acuerdos administrativos internos (sin rango de ley) y a partir del análisis de funcionarios de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, integrantes del llamado Comité de Elegibilidad, grupo especial para estudiar las solicitudes individuales de refugio.

En los hechos, esta circunstancia es considerada por grupos civiles como un proceso de veredicto discrecional y, como advierte la organización no gubernamental Sin Fronteras, “(los refugiados) son tratados en México como migrantes, olvidando el espíritu de protección de la figura de asilo”.

De marzo de 2002 a diciembre de 2007, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dependiente de Gobernación, recibió 2 mil 127 peticiones y otorgó respuesta satisfactoria en sólo 446 casos.

Cadena de abusos

Sin Fronteras advierte que la ausencia de una legislación específica en materia de asilo da lugar a “una cadena de violaciones a derechos humanos de la población refugiada”, incluida “detección de solicitantes” por funcionarios públicos, quienes buscan orillar a los extranjeros a desistir.

“Nos enfrentamos a una población pequeña (de refugiados) con muchas necesidades de atención y, a la vez, con la falta de políticas y programas. Nos preocupa también que existe un nivel alto de desistimientos y muchos de estos casos se deben a que las personas son desinformadas e incluso incentivadas a desistir por las propias autoridades migratorias”, advirtió Karina Arias, coordinadora de vinculación y promoción de Sin Fronteras.

De acuerdo con estadísticas de esta organización, durante 2005 y 2006 sólo 17.5 por ciento del total de solicitudes fueron aceptadas; 25.2 rechazadas y hasta 57.2 por ciento de los casos fueron cerrados por desistimiento (el solicitante manifiesta su voluntad de no continuar) o por abandono del trámite.

Dijo también que hay un “limbo” jurídico en lo que se refiere a la garantía de libertad, pues muchos de los migrantes (40 por ciento, según los cálculos oficiales) formulan la petición desde alguna estación migratoria en la que se hallan asegurados y, durante el proceso, el solicitante de asilo debe estar a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que se traduce en una restricción de tránsito por “métodos no especificados”.

Katya Somohano, coordinadora general de Comar, reconoce la ausencia de una normatividad específica en la que se sustente el proceso de análisis que lleva al reconocimiento o no de la calidad de refugiados, aunque –afirma– se aplican criterios de facto, con base en los parámetros internacionales en la materia.

“Efectivamente, hemos reconocido que hace falta reformar y vigorizar el marco jurídico en materia de refugio”, señaló en entrevista.

A escala doméstica, la autoridad opera a partir de una circular firmada conjuntamente entre la Comar y el INM, en noviembre pasado, para garantizar los derechos básicos de los asilados, cuyos principios –avalados por México– se refieren a la no devolución, no discriminación, búsqueda de la unión familiar y la difusión de los valores de solidaridad.

“(La circular conjunta) es un abecé, un paso a paso de cómo se lleva a cabo el procedimiento; esto, desde luego, lo hacemos como un régimen de transición en lo que contamos con una legislación de avanzada. (...) Por ello (el proceso) no es discrecional porque se debe encuadrar en los supuestos de ley”, comentó.

Desde marzo de 2002, fecha en que el gobierno de México reconoce la condición individual de refugiado, el Comité de Elegibilidad analiza las entrevistas a los solicitantes de asilo y prepara un informe con una recomendación preliminar.

Cuando son casos positivos (de aceptación) se presentan los datos del solicitante al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para verificar la información proporcionada por los interesados, a fin de investigar posibles antecedentes criminarles.

Sin Fronteras y representantes del ACNUR fungen como asesores técnicos en asilo y derechos humanos, pero no participan en la decisión última del comité.

De acuerdo con análisis e investigaciones de Sin Fronteras, tampoco se emite un documento al solicitante en el cual se funde y motive la resolución del comité.

Escasos reclamos

Somohano comentó que los reclamos –vía amparo– para tratar de revertir las decisiones del comité son escasos (tres en 2007, por ejemplo) y que 40 por ciento de las solicitudes de asilo no llegan a término porque los interesados abandonan los casos.

El resto de los asuntos (en la diferencia entre las 2 mil 127 solicitudes y las 446 reconocimientos de refugio) incluyen “relatos inconsistentes” y la no acreditación de causales de persecución, aseguró.

La funcionaria negó el señalamiento de Sin Fronteras relativo a acciones de empleados públicos que buscarían incidir en los extranjeros para que desistan de la solicitud; sugirió a esta organización civil que exponga los eventuales casos que haya detectado.

Sin embargo, Somohano admite que los métodos ad hoc y las circulares internas, de tipo administrativo, son alternativas en la víspera de la reforma a la Ley General de Población y la inclusión de un capítulo que incorpore desde la definición de esta condición, más allá de las garantías establecidas, entre otros marcos internacionales, en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.

Además se pretende incluir en la ley un procedimiento de análisis de las solicitudes reguladas por tiempos y autoridades competentes, así como elementos para garantizar la reunificación familiar.

Actualmente el plazo promedio para resolución de casos es de un mes, mientras en 2006 era de 20 semanas, dijo la funcionaria.

El borrador de estas adiciones ya está listo, pero se desconoce si el proyecto de enmienda general –anunciado desde el arranque de este sexenio– se encuentra, por lo menos, en etapa de análisis jurídico en las instancias federales.

Espero una etapa más constructiva con el sucesor de Bush, afirma Calderón

Autor: Claudia Herrera Beltrán (Enviada)
Fuente: La Jornada
14 de Febrero de 2008

El presidente Felipe Calderón concluyó su primera gira por Estados Unidos convencido de que iniciará una nueva etapa “más constructiva, más positiva y de mayor corresponsabilidad” en la solución de problemas comunes con las autoridades que sustituirán al gobierno saliente de George W. Bush.

Como si ya hubiera terminado la administración de Bush, más tarde aclaró que eso no quiere decir que haya tenido una relación “mala o inadecuada” con el actual presidente, por el “contrario, yo reconozco su esfuerzo y su disposición para atender estos problemas comunes, pero pienso que la renovación del gobierno en Estados Unidos representa una oportunidad para mejorar nuestras relaciones”.

Cuando faltan nueve meses para elegir nuevo gobierno en este país, Calderón indicó que durante esta gira hubo “algunos contactos de varios equipos de candidatos”. Sin embargo, después la dirección de Comunicación Social de la Presidencia intentó enmendarle la plana al aclarar que dichos enlaces no se establecieron directamente con los aspirantes a la Casa Blanca.

Espera diálogo más objetivo y racional

En conferencia de prensa que ofreció en un hotel de esta ciudad, Calderón evaluó de manera positiva a los principales contendientes por la candidatura a la presidencia de Estados Unidos (Hillary Clinton y Barack Obama, del Partido Demócrata, así como John Mac Cain, del Republicano), dado que existen oportunidades para generar un diálogo más objetivo, más racional y menos emocional, que permita encontrar soluciones al tema migratorio.

Después de celebrar que los precandidatos con posturas más radicales y menos ponderadas sobre temas como el migratorio no llegaron a la etapa final de la elección en Estados Unidos, previó el inicio de un periodo más constructivo en el que México podrá obtener enormes beneficios de su vecindad y de la relación comercial, social y cultural.

La renovación del gobierno en Estados Unidos, insistió, representa una oportunidad singular para mejorar las relaciones bilaterales.

En su primer recorrido por este país participaron siete secretarios de Estado y tres gobernadores. Hubo pocos acuerdos y nulos avances con miras a lograr una reforma migratoria, sobre todo porque la atención en estos días está centrada en el proceso de relevo de Bush.

Sin embargo, en círculos diplomáticos cercanos al panista el balance fue positivo, se dijo, porque Calderón Hinojosa comenzó a “armar el rompecabezas” de la relación que se establecerá con el nuevo inquilino de la Casa Blanca a partir de 2009.

El propio mandatario federal señaló que esta gira, que duró cuatro días y medio, fue “un éxito y muy provechosa”, porque logró tener un encuentro directo con las comunidades más importantes de mexicanos en Estados Unidos.

Además, sirvió para que el gobierno mexicano planteara el tema migratorio desde una perspectiva económica, en el sentido de que México y Estados Unidos se enriquecen mutuamente promoviendo la integración, la inversión y la movilidad laboral. Insistió en que su meta es crear condiciones para que los connacionales nunca más tengan que emigrar por necesidad o por hambre, y que no se sigan dividiendo las familias y las comunidades mexicanas.

Calderón culminó su estancia en esta ciudad con dos reuniones. La primera, con el alcalde demócrata Antonio Villaraigosa, con quien se comprometió a impulsar la cooperación bilateral para promover el desarrollo de tecnologías de energía renovable.

lunes, 4 de febrero de 2008

Castañeda [canciller de 2000-2003] espió a México y a su padre

Fuente: El Unviversal
Autor: Juan Arvizu
4 de Febrero de 2008

Jorge Castañeda Gutman espió para el régimen de Cuba de 1979 a 1985, y por más de tres años entregó información estratégica de la Cancillería y del gobierno mexicanos, documenta un expediente de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), ubicado en el Archivo General de la Nación.

Incluso, presionó a su padre, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, entonces secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de José López Portillo, de forma “altanera, exigente y denigrante” para que tomara decisiones bajo los dictados de La Habana, revela el legajo de 215 páginas, de las cuales 37 fueron eliminadas de la versión pública por contener datos personales y confidenciales.

Reportes de la época, firmados por Miguel Nazar Haro, director de la DFS, señalan como su padrino en el espionaje a Jorge Luis Joa Campos, miembro de la Dirección General de Inteligencia del Partido Comunista de Cuba y jefe de la Sección México; reclutó a Castañeda Gutman en 1979.

A Joa Campos y sus jefes les sorprendió, hasta la sospecha, lo productivo que resultó Castañeda Gutman como informante y facilitador.

Según Nazar Haro, integrantes encubiertos de la inteligencia cubana obtuvieron de Castañeda Gutman información de “todas las actividades oficiales” del canciller. Y señala a dos colaboradores directos de su padre —Mauricio Toussaint Ribot y Miguel Marín Bosch— como los que le filtraban datos y le resolvían asuntos.

El expediente documenta también su contacto, en 1982, con un doctor en Economía en campaña por el poder: José Córdoba Montoya.

En 1984 se desgastó hasta la ruptura su trato con los cubanos; tachó de “estúpidos” a los líderes a los que sirvió encubierto. Quince años después, como canciller del gobierno foxista, emprendería la demolición de los puentes diplomáticos entre México y Cuba.