Add to Technorati Favorites
Mostrando entradas con la etiqueta John Bailey. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta John Bailey. Mostrar todas las entradas

lunes, 25 de febrero de 2008

¿Qué es la Iniciativa Mérida?

Autor: John Bailey (Director del Proyecto México en la Universidad de Georgetown)
Fuente: El Universal
25 de febrero de 2008


Los poderes ejecutivos de Estados Unidos y México han anunciado algo llamado Iniciativa Mérida. Las legislaturas de ambos países se han quejado de haber sido marginadas de la discusión, y algunos periodistas y políticos se han apresurado a calificarla como una réplica del Plan Colombia para criticarla y rechazarla. ¿Qué es la Iniciativa Mérida? ¿Cuáles son los temores y esperanzas que los distintos grupos tienen respecto de ésta?

En mi opinión, la iniciativa es potencialmente un avance significativo en materia de cooperación regional para promover la seguridad pública. Observando el lado estadounidense del asunto, la iniciativa es un complicado trabajo en progreso, el cual probablemente será alterado cuando pase por el Congreso estadounidense. Su futuro no está de ninguna forma asegurado, aunque tengo confianza en que con el tiempo se aprobará algo útil.

¿De dónde salió la iniciativa? La historia de esto es que el presidente George Bush escuchó un mensaje claro durante su visita a Guatemala y México en marzo de 2007: el problema de la seguridad pública ha alcanzado proporciones de crisis en esos países; es un problema regional compartido que requiere de respuestas conjuntas basadas en la cooperación.

Bush entendió el mensaje y decidió que el gobierno de Estados Unidos respondería a las propuestas de México y los países de Centroamérica. Esto es porque si Estados Unidos tomara la iniciativa desataría una oposición nacionalista en México. Un año podría parecer mucho tiempo entre la decisión estratégica y el surgimiento de propuestas concretas, pero en realidad es el equivalente burocrático a la velocidad de la luz.

El gobierno mexicano, en el primer año de la presidencia de Calderón, necesitaba resolver el asunto político y burocrático de qué dependencias necesitaban productos o servicios; luego el gobierno de Estados Unidos, entrando al último año de la administración Bush, tenía que determinar cuáles agencias y programas podían proporcionarlos. Mi impresión es que ambas ramas ejecutivas decidieron no consultar a sus legislaturas a fin de evitar filtraciones y la politización de las negociaciones.

¿Qué es la Iniciativa Mérida? Nuevamente desde la óptica estadounidense, creo que es dos cosas. Primero, como puede verse en el reporte del senador Richard Lugar del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, la iniciativa es una larga lista de tecnologías, productos y servicios específicos para entregar a múltiples agencias en México y Centroamérica. En su forma actual, la lista representa cientos de millones de dólares, aunque el Congreso aún debe decidir el monto real. Segundo, es un importante gesto de la administración Bush para apoyar la enorme inversión de capital político hecha por el presidente Calderón en su campaña contra el crimen organizado.

Hasta el momento, lo dicho en el Congreso y los medios ha sido en apoyo a la iniciativa. Tiene sentido cooperar para enfrentar problemas compartidos. El respaldo, empero, es a la idea en principio. En el camino de la propuesta al Congreso percibo varios problemas potenciales.

La administración reconoce que el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México requiere de atención prioritaria. La realidad, sin embargo, es que no hay suficientes agentes estadounidenses en la frontera para monitorear efectivamente la venta de armas. Pero ése es un aspecto menor. El problema potencialmente grande es si la Asociación Nacional del Rifle, un verdadero gorila de 400 kilos, considera los esfuerzos para bloquear la venta de armas como un ataque a las garantías constitucionales y cabildea en contra de la iniciativa.

A su vez, organizaciones de derechos humanos han externado su preocupación por la participación del ejército mexicano en las campañas contra el crimen. También reconocen, empero, la gravedad de la violencia criminal. Para ellas, el dilema es como promover la protección de los derechos humanos en formas tales que no aniquilen la iniciativa. Si el Congreso incluye un condicionamiento firme en materia de derechos humanos, la iniciativa probablemente fracasará. Si el Congreso no dice nada, los grupos de derechos humanos podrían ser considerados serviles y poco efectivos.

Un problema relacionado es la supervisión del Congreso estadounidense al uso que se dé a los productos y servicios en los programas contra el crimen de México. El Congreso tiene que justificar ante los contribuyentes estadounidenses cómo se gasta su dinero. Pero el gobierno mexicano rechazará una supervisión que se entrometa en sus asuntos.

También se conecta con esta situación el problema de cómo medir el progreso. Hasta ahora, la iniciativa ha sido “vendida” en Estados Unidos principalmente como una medida contra el tráfico de drogas. Esto tiene sentido porque el Congreso puede respaldar un programa conjunto para reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Pero, como la experiencia en Colombia lo ha mostrado, nadie espera seriamente que la iniciativa contra el crimen organizado disminuya sustancialmente el flujo de narcóticos a largo plazo. Así que se necesitan otro tipo de medidas para demostrar resultados positivos.

El gobierno de Estados Unidos reconoce también que una reducción de la demanda de drogas es crucial para una solución de largo plazo. Las dos cuestiones aquí son que no se sabe lo suficiente sobre cómo reducir la demanda de drogas, y el presupuesto federal registra ya un considerable déficit. La administración no quiere prometer fondos adicionales para financiar programas que quizá no funcionen. Los mexicanos podrán justificadamente criticar esta falta de compromiso.

El apoyo material de Estados Unidos a la Iniciativa Mérida representa una fracción relativamente pequeña de los recursos que la administración Calderón ya está invirtiendo. Su verdadera importancia es demostrar la voluntad política de apoyar al presidente Calderón. Mi esperanza es que los políticos de ambos países encuentren formas para hacer que la iniciativa tenga éxito. Si los problemas del lado estadounidense se vuelven demasiado intrincados, la administración Calderón podría optar por retirarse de la iniciativa. Creo que eso sería un grave retroceso para ambos países.

lunes, 24 de diciembre de 2007

Los diplomáticos al debate (pero con paquete incompleto)

Autor: John Bailey
Fuente: El Universal
24 de Diciembre de 2007

El 7 de diciembre, el presidente Calderón se reunió en Los Pinos con los embajadores y los cónsules de México en Canadá y Estados Unidos. Su mensaje central fue que el debate migratorio se está intensificando, especialmente en Estados Unidos, y que los embajadores y cónsules deben involucrarse en dicho debate para proteger a los ciudadanos mexicanos que residen en esos países y para promover los intereses de México. Las declaraciones del Presidente, reportadas en internet por su oficina de prensa, son interesantes tanto por lo que dijo como por lo que omitió.

Primero, en cuanto a la premisa en que se basan sus palabras, ¿realmente se está intensificando el debate migratorio, al menos en el caso de Estados Unidos, y deben involucrarse los diplomáticos mexicanos? Mi respuesta es sí para ambas preguntas. Segundo, ¿en qué forma los lineamientos políticos del presidente Calderón podrían afectar el debate? Considero que podrían ayudar en aspectos secundarios, pero omiten el tema central de corto plazo y podrían augurar un retorno al pasado.

No hay duda de que la inmigración, legal y la ilegal están jugando un papel sorprendentemente importante en los estados donde se realizan las primeras elecciones primarias, especialmente Iowa. Particularmente del lado republicano, los electores que participan en comicios primarios están ubicando la migración cerca de la parte más alta de la agenda. Pero en Iowa, como en otras partes, los votantes reconocen que la inmigración es un tema enormemente complicado y esperan que los candidatos ofrezcan políticas bien meditadas. Los electores reconocen, por ejemplo, que expulsar a los residentes indocumentados es absurdo. Si así son las cosas, ¿entonces cuál debe ser precisamente la política para su legalización? (Prohibidas las frases prejuiciosas).

Tampoco hay duda de que los diplomáticos mexicanos deben involucrarse en el debate migratorio. De hecho, según mi experiencia, el público estadounidense espera que los diplomáticos participen en los debates para presentar los argumentos relevantes en defensa de los intereses de México. La clave, por supuesto, es centrar los argumentos en cuestiones de política pública y evitar la apariencia de que se está respaldando a un partido o candidato en particular. (Recuerdo a un embajador canadiense cuyas declaraciones fueron interpretadas como un apoyo a Al Gore en contra de George Bush en las elecciones presidenciales del 2000. No hace falta decir que resultó ser un grave error diplomático).

Sin embargo, opinar sobre política pública es aceptable. Se espera que los diplomáticos escriban artículos periodísticos, participen en foros y realicen declaraciones públicas para ofrecer información o para corregir información que consideren errónea. De hecho, se espera que todos los comerciantes de ideas presenten sus productos en el mercado y que los compradores adquieran lo que les parezca genuino y útil.

¿Qué productos quiere el presidente Calderón que sus diplomáticos vendan? La lectura de sus declaraciones sugiere dos cosas principales. Primero, en el aspecto legal, los diplomáticos deben proteger los derechos de los mexicanos en el exterior. “Los mexicanos deben encontrar en los consulados mexicanos a su abogado”. Segundo, en el aspecto económico, los trabajadores mexicanos que viven en Estados Unidos generan importantes beneficios netos para la economía estadounidense. Asimismo, contribuyen a mejorar la competitividad general de Norteamérica en relación con Asia y Europa.

Ambos temas son importantes para la cuestión migratoria, y los diplomáticos mexicanos pueden plantear los argumentos legales y económicos. En este sentido, pueden hacer varias aportaciones útiles. Sin embargo, están defendiendo posiciones bien conocidas que se relacionan con los asuntos menos esenciales del actual debate.

Los temas cruciales del debate que se lleva a cabo actualmente en Estados Unidos se centran en controlar las fronteras, detener la inmigración ilegal y regular la inmigración legal. Estos son temas mucho más difíciles de abordar para los diplomáticos mexicanos, no porque involucren aspectos de política interna de Estados Unidos (los temas legales y económicos también involucran la política interna estadounidense), sino porque involucran aspectos delicados de la política interna de México también. El hecho de que un diplomático mexicano participe en la conversación pública en Estados Unidos sobre las formas de controlar la frontera, podría desatar una fuerte reacción política en contra en México.

Pese a esto, promover el diálogo es importante. “En especial”, dijo el Presidente, “instruyo a nuestro embajador en Estados Unidos para que profundice el diálogo con las autoridades estadounidenses sobre la necesidad de alcanzar una reforma migratoria integral, en la que se consideren las contribuciones de los mexicanos a la economía y a la sociedad de ese país, la complementariedad de nuestros mercados laborales y las ventajas para los dos países del Tratado de Libre Comercio para América del Norte”.

Para ser precisos, esta es la agenda de una reforma migratoria parcial, una que excluye los controles fronterizos y una regulación efectiva de nuevos flujos de migrantes.

Por un lado, la omisión presidencial sobre los controles fronterizos y la regulación efectiva de los flujos de migrantes tiene sentido. ¿Por qué habrían los diplomáticos mexicanos de abordar temas de la agenda que son fundamentalmente de interés estadounidense? Después de todo, no tiene sentido que los diplomáticos negocien con ellos mismos. Para decirlo de otra forma, no se contrata a un abogado (en este caso un diplomático) para ofrecer los argumentos a favor de todos los involucrados en un caso. Debe ofrecer argumentos a favor de la parte que representa.

Por el otro lado, sin embargo, el gobierno mexicano se está moviendo hacia el pasado, de regreso a los días en que la seguridad se separaba de la migración y sólo las dimensiones legales y económicas importaban. En este sentido, es interesante que el presidente Calderón mencionara el TLCAN, con su énfasis en comercio y finanzas, pero que no aludiera a la Asociación para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, ASPAN, que aparentemente se ha convertido en un distante recuerdo, pero que representó un paso adelante en el esfuerzo por armonizar el tema de la seguridad con el comercio y las finanzas.

Así las cosas, los diplomáticos abordarán sólo la mitad del actual debate. Sonará como aplaudir con una sola mano.