lunes, 25 de febrero de 2008

¿Qué es la Iniciativa Mérida?

Autor: John Bailey (Director del Proyecto México en la Universidad de Georgetown)
Fuente: El Universal
25 de febrero de 2008


Los poderes ejecutivos de Estados Unidos y México han anunciado algo llamado Iniciativa Mérida. Las legislaturas de ambos países se han quejado de haber sido marginadas de la discusión, y algunos periodistas y políticos se han apresurado a calificarla como una réplica del Plan Colombia para criticarla y rechazarla. ¿Qué es la Iniciativa Mérida? ¿Cuáles son los temores y esperanzas que los distintos grupos tienen respecto de ésta?

En mi opinión, la iniciativa es potencialmente un avance significativo en materia de cooperación regional para promover la seguridad pública. Observando el lado estadounidense del asunto, la iniciativa es un complicado trabajo en progreso, el cual probablemente será alterado cuando pase por el Congreso estadounidense. Su futuro no está de ninguna forma asegurado, aunque tengo confianza en que con el tiempo se aprobará algo útil.

¿De dónde salió la iniciativa? La historia de esto es que el presidente George Bush escuchó un mensaje claro durante su visita a Guatemala y México en marzo de 2007: el problema de la seguridad pública ha alcanzado proporciones de crisis en esos países; es un problema regional compartido que requiere de respuestas conjuntas basadas en la cooperación.

Bush entendió el mensaje y decidió que el gobierno de Estados Unidos respondería a las propuestas de México y los países de Centroamérica. Esto es porque si Estados Unidos tomara la iniciativa desataría una oposición nacionalista en México. Un año podría parecer mucho tiempo entre la decisión estratégica y el surgimiento de propuestas concretas, pero en realidad es el equivalente burocrático a la velocidad de la luz.

El gobierno mexicano, en el primer año de la presidencia de Calderón, necesitaba resolver el asunto político y burocrático de qué dependencias necesitaban productos o servicios; luego el gobierno de Estados Unidos, entrando al último año de la administración Bush, tenía que determinar cuáles agencias y programas podían proporcionarlos. Mi impresión es que ambas ramas ejecutivas decidieron no consultar a sus legislaturas a fin de evitar filtraciones y la politización de las negociaciones.

¿Qué es la Iniciativa Mérida? Nuevamente desde la óptica estadounidense, creo que es dos cosas. Primero, como puede verse en el reporte del senador Richard Lugar del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, la iniciativa es una larga lista de tecnologías, productos y servicios específicos para entregar a múltiples agencias en México y Centroamérica. En su forma actual, la lista representa cientos de millones de dólares, aunque el Congreso aún debe decidir el monto real. Segundo, es un importante gesto de la administración Bush para apoyar la enorme inversión de capital político hecha por el presidente Calderón en su campaña contra el crimen organizado.

Hasta el momento, lo dicho en el Congreso y los medios ha sido en apoyo a la iniciativa. Tiene sentido cooperar para enfrentar problemas compartidos. El respaldo, empero, es a la idea en principio. En el camino de la propuesta al Congreso percibo varios problemas potenciales.

La administración reconoce que el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México requiere de atención prioritaria. La realidad, sin embargo, es que no hay suficientes agentes estadounidenses en la frontera para monitorear efectivamente la venta de armas. Pero ése es un aspecto menor. El problema potencialmente grande es si la Asociación Nacional del Rifle, un verdadero gorila de 400 kilos, considera los esfuerzos para bloquear la venta de armas como un ataque a las garantías constitucionales y cabildea en contra de la iniciativa.

A su vez, organizaciones de derechos humanos han externado su preocupación por la participación del ejército mexicano en las campañas contra el crimen. También reconocen, empero, la gravedad de la violencia criminal. Para ellas, el dilema es como promover la protección de los derechos humanos en formas tales que no aniquilen la iniciativa. Si el Congreso incluye un condicionamiento firme en materia de derechos humanos, la iniciativa probablemente fracasará. Si el Congreso no dice nada, los grupos de derechos humanos podrían ser considerados serviles y poco efectivos.

Un problema relacionado es la supervisión del Congreso estadounidense al uso que se dé a los productos y servicios en los programas contra el crimen de México. El Congreso tiene que justificar ante los contribuyentes estadounidenses cómo se gasta su dinero. Pero el gobierno mexicano rechazará una supervisión que se entrometa en sus asuntos.

También se conecta con esta situación el problema de cómo medir el progreso. Hasta ahora, la iniciativa ha sido “vendida” en Estados Unidos principalmente como una medida contra el tráfico de drogas. Esto tiene sentido porque el Congreso puede respaldar un programa conjunto para reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Pero, como la experiencia en Colombia lo ha mostrado, nadie espera seriamente que la iniciativa contra el crimen organizado disminuya sustancialmente el flujo de narcóticos a largo plazo. Así que se necesitan otro tipo de medidas para demostrar resultados positivos.

El gobierno de Estados Unidos reconoce también que una reducción de la demanda de drogas es crucial para una solución de largo plazo. Las dos cuestiones aquí son que no se sabe lo suficiente sobre cómo reducir la demanda de drogas, y el presupuesto federal registra ya un considerable déficit. La administración no quiere prometer fondos adicionales para financiar programas que quizá no funcionen. Los mexicanos podrán justificadamente criticar esta falta de compromiso.

El apoyo material de Estados Unidos a la Iniciativa Mérida representa una fracción relativamente pequeña de los recursos que la administración Calderón ya está invirtiendo. Su verdadera importancia es demostrar la voluntad política de apoyar al presidente Calderón. Mi esperanza es que los políticos de ambos países encuentren formas para hacer que la iniciativa tenga éxito. Si los problemas del lado estadounidense se vuelven demasiado intrincados, la administración Calderón podría optar por retirarse de la iniciativa. Creo que eso sería un grave retroceso para ambos países.